SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, mediante el decreto 787-26, con el que establece controles para el uso de esta tecnología en las instituciones estatales y procura garantizar la transparencia, los derechos ciudadanos y la supervisión humana.
La disposición fue impulsada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
El código establece restricciones y mecanismos de control para los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la administración pública, especialmente aquellos cuyas decisiones puedan tener consecuencias directas sobre los ciudadanos.
Evaluaciones éticas y derecho a revisión humana
Entre las principales disposiciones figura la obligación de realizar evaluaciones de impacto ético y de derechos humanos antes de implementar sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto.
Esta exigencia abarca, particularmente, las herramientas que puedan influir en el acceso de las personas a servicios públicos, beneficios sociales o decisiones administrativas de carácter sancionador.
La normativa también establece que los ciudadanos deberán ser informados cuando una decisión administrativa haya contado con el respaldo de inteligencia artificial.
Además, tendrán derecho a solicitar explicaciones sobre esas decisiones y recurrir a mecanismos de revisión por parte de una persona, con el propósito de garantizar la supervisión humana.
El código prohíbe determinadas prácticas
El documento establece prohibiciones expresas para el uso de inteligencia artificial en el Estado, entre ellas los sistemas de clasificación social generalizada.
También prohíbe la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y el perfilamiento criminal predictivo basado en condiciones territoriales o socioeconómicas.
Con estas disposiciones, el Gobierno establece límites al uso de herramientas automatizadas en la administración pública y plantea salvaguardas para evitar que su aplicación comprometa los derechos de las personas.
